Global-Local: Mirador Internacional

Ni perdón ni olvido; verdad y justicia

Marisol Reyes Soto*

Foto: Especial.

Las desapariciones forzadas en diferentes latitudes del mundo, es uno de los grandes temas que siguen ensombreciendo a los derechos humanos del siglo 21. La Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de diciembre de 2006 define al arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado como una desaparición forzada. Además en esa definición se incluye que bajo esas circunstancias debe existir la negativa a reconocer dicha privación de libertad o el ocultamiento del paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. Personalmente me parece mucho más clara y contundente la definición de una madre mexicana que ha perdido dos hijos y que llanamente resume el fenómeno en dos líneas: “Es difícil seguir la vida cuando sabes que los responsables de la desaparición de uno de tus seres queridos sigue aquí sin ningún castigo”.

Los familiares de las víctimas no se enredan en galimatías políticos o jurídicos, tienen preguntas muy concretas, quieren saber qué pasó, por qué, quién es el responsable y a veces limpiar el nombre de su familiar. Desafortunadamente se ha observado que en la mayoría de los casos en el mundo la procuración de justicia no es rápida y la voluntad política de los regímenes es limitada. Por esa razón, no es una coincidencia que en varios países broten movimientos de grupos civiles reclamando justicia para sus desaparecidos.

Recientemente y con la disminución del conflicto bélico en Siria, existen miles de familias que han sido informadas que sus parientes desaparecidos murieron mientras se les mantenían prisioneros por el régimen de Bashar al-Assad. Desde hace unos años un equipo de investigadores independientes encabezados por Bill Willey se ha dado a la tarea de recopilar documentos oficiales donde están registradas las torturas y asesinatos de casos relacionados con arrestos masivos. Desde que inició el conflicto en ese país en el 2011 y hasta el 2018 se han reportado al menos 80,000 desaparecidos. A pesar de lo descomunal de éste caso, es muy factible que la persecución de estos crímenes se busque en tribunales e instancias internacionales ya que la permanencia del régimen involucrado en las denuncias obstaculizará la justicia que reclaman las víctimas.

A principios del 2018, el equipo del Observatorio de Memoria y Conflicto, del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, dio a conocer con base a una minuciosa investigación que entre los años de 1958 y 2017 al menos 82,998 personas habían desaparecido forzosamente. La valiosa experiencia Colombiana ha demostrado que pese a que finalmente el sistema de justicia ha producido sentencias y condenas, los tiempos y formatos gubernamental a menudo no han dado respuesta a las preguntas de las víctimas, los familiares no tienen un papel protagónico y en consecuencia hasta el día de hoy no han encontrado satisfactorio su derecho a la justicia.

En nuestro país, se pensó en la organización de 50 foros para la Pacificación y Reconciliación Nacional con el propósito de escuchar e incorporar las demandas de las víctimas en las políticas de seguridad del gobierno entrante. Sin embargo, desde que arrancó el proceso en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 7 de agosto, los foros se han deteriorado y han perdido el apoyo social. Recientemente se ha anunciado la cancelación de los foros que se habían agendado en Morelos, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. Se argumenta que su formato está plagado por la improvisación, se carece de protocolos internos para cuidar a las víctimas y sobre todo se ha descuidado la incorporación de los actores que representan auténticamente sus demandas. En realidad, ha sido evidente el poco conocimiento de las características y complejidades de cada contexto local.

Para el nuevo régimen, es vital dar muestra de una decidida voluntad política y acompañamiento de las víctimas en la búsqueda de justicia. En éste tema no se puede asumir candorosamente que la amnistía es una salida viable aunque muchos expertos mencionen que las leyes de amnistía ocurren después de los procesos de memoria y verdad. La administración de la Cuarta Transformación no puede ignorar que en cada rincón del país se grita “ni perdón, ni olvido; verdad y justicia”.

*Académica especializada en temas internacionales.

Correo electrónico: mreyess@itesm.mx

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